Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid y en Gestión Pública Directiva por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.

Ha trabajado como asesora en la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo, así como en el Área Internacional de la Agencia Española de Protección de Datos.

Durante los años 2009 a 2014 trabajó en el Ministerio de la Presidencia, donde ocupó los cargos de Subdirectora General de Régimen Constitucional y Subdirectora General de Propuestas Normativas y Documentación Parlamentaria. En este último cargo, participó en la propuesta y tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y, en ese marco, fue miembro del Grupo de Expertos que organizó el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Ha impartido numerosas ponencias sobre esta norma y ha estado implicada en los trabajos para su desarrollo e implementación.

Asimismo, fue miembro del grupo de trabajo encargado de la elaboración de las medidas que integran el Plan de Regeneración Democrática y coordinadora de los dos primeros Planes de Acción que, en materia de Gobierno Abierto, fueron elaborados por el Gobierno de España.

Desde enero de 2015 es Subdirectora General de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.