Por Beatriz Martínez Isidoro
1 de octubre de 2020
La continuación del V Congreso Internacional de Transparencia, que puede seguirse streaming en Canal UNED desde la web, arrojó importantes conclusiones acerca de la regulación y protección de los denunciantes de la corrupción – whistleblowers- dentro de las administraciones públicas, ya que España tiene hasta 2021 para hacer la transposición de la Directiva de protección de denunciantes y para establecer canales seguros de denuncia de la corrupción.
Sobre este aspecto, los expertos de la primera sesión de la tarde trataron de dar respuesta al conflicto entre la confidencialidad, la transparencia y la seguridad jurídica de los denunciados por mala praxis.
Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España, argumentó durante su intervención que en España existe cierto rechazo cultural del denunciante cuando “es un ciudadano al que debemos defender por el riesgo” que asume.
Juli Ponce Sole, catedrático de la Universitat de Barcelona, explicó que la denuncia de la corrupción, además de ser un tema relativo a la transparencia, resulta fundamental para garantizar el derecho a la buena administración y al buen gobierno, y afirmó que la trasposición de la regulación europea debería ser “una palanca” para avanzar hacia la institucionalización de la figura del responsable en materia de buen gobierno y se vincule a los códigos de conducta junto con la protección del denunciante
Por otra parte, los expertos explicaron que la corrupción se considera un delito “muy opaco” que solo puede conocerse a través de la denuncia y en muchas ocasiones los testigos de fraude o irregularidades no lo denuncian por desconocimiento de los cauces y el miedo a las represalias.
Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, afirmó que la transparencia es la barrera contra la corrupción y el avance que hace España “no es suficiente”. En este sentido, destacó la experiencia de la agencia para prevenir y luchar contra la corrupción dentro de la administración valenciana y fomentar las buenas prácticas, para lo cual considera imprescindible asistir a los funcionarios denunciantes o testigos de casos de corrupción.
“Actualmente protegemos a 21 personas, siendo el principal problema las represalias que sufren”, motivo por el cual, Llinares celebrara la trasposición de la directiva porque “refuerza” la labor de la agencia.
Otro de los momentos destacados del #CIT2020, fue la reunión de los presidentes y directores de los consejos y comisionados de transparencia autonómicos y estatal –el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno- para analizar las resoluciones judiciales recientes que están obligando a entregar información pública a entidades que no han querido atender las solicitudes de acceso a la información.
Sobre este aspecto, cabe señalar que en la última jornada del V CIT, jueves 1 de octubre a las 18.00, tendrá lugar la “Declaración 2020” de los órganos de garantía de la transparencia en España, donde intervendrán 11 representantes de los organismos de garantía de la transparencia en España, para anunciar públicamente cuáles son las medidas más urgentes que deberían atender las políticas públicas en materia de transparencia y garantías del derecho de acceso a la información pública.
Esta Declaración podrá ser seguida en abierto a través del Canal UNED. Dentro de la web: congresotransparencia.com están las instrucciones necesarias para todos los interesados puedan seguir los debates y plenos del #CIT2020.
Más info: https://congresotransparencia.com/