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- Hay que reformar la Ley de Transparencia y fortalecer sus órganos garantes afirma la Declaración.
- Se deben constituir los consejos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria que sus leyes crearon.
- Las organizaciones de la sociedad civil pueden mostrar su adhesión a la Declaración.
En el marco del V Congreso Internacional de Transparencia se procedió a la lectura de una Declaración institucional de los doce titulares de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España durante su acto de clausura. Este Congreso celebrado durante toda esta semana virtualmente, a través de la plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha contado con más de 600 inscritos y 250 ponencias. El Congreso ha estado organizado por el Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED, el Grupo de Investigación Regulación Jurídica del Ciudadano Digital de la Universidad Complutense de Madrid, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Asociación de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA).
La declaración fue leída antes de la clausura del Congreso por los titulares de once de los doce órganos garantes de la Red: País Vasco, Cataluña, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valencia, Aragón, Canarias, Navarra, Baleares, Castilla y León y España. La han respaldado más de veinte organizaciones cívicas implicadas en el derecho acceso, como ocurrió en los últimos congresos de Cádiz y Málaga.
Según fuentes de los Consejos, la Red apuesta por el fortalecimiento, normativo y material, de los órganos garantes de la transparencia. Entre sus demandas está la modificación de la Ley básica de Transparencia (“que ha quedado superada por las circunstancias”), para recoger aspectos como la regulación de las infracciones por incumplimiento de las resoluciones de los consejos y comisionados y del correspondiente régimen sancionador, basado en la figura legal de las multas coercitivas; la creación de un Registro estatal de Intereses y Grupos de Interés y la introducción de un trámite de mediación de los órganos garantes entre las Administraciones y las personas demandantes de información en caso de conflicto.
Asimismo, se reclama el cumplimiento de sus resoluciones y la puesta en práctica de sus recomendaciones, de forma que se reduzca la alta litigiosidad actual en algunos ámbitos.
En este sentido, respecto a la minusvaloración que se ha hecho en unos casos de los órganos garantes de la transparencia, la Declaración afirma que “es preciso señalar que los Consejos de Transparencia de Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias y Cantabria continúan -incomprensiblemente- sin constituirse siquiera, hasta dos años más tarde de haber sido creados por sus respectivas leyes autonómicas, en lo que supone una muestra de incoherencia” con sus propias leyes autonómicas.
También se denuncia que “la ausencia de reconocimiento y entidad denunciada en todas nuestras declaraciones anuales se manifiesta, además, en unos casos, en la citada escasez de medios económicos y, en otros, en la absoluta falta de medios económicos propios, bien porque no disponen de ningún recurso o bien porque carecen de un presupuesto propio y segregado de la institución a la que se vinculan”.
Finalmente, recuerda que “la demanda de transparencia en la actuación pública y de información ajustada y veraz sobre las consecuencias de la pandemia y las medidas adoptadas para su contención, ha sido una constante presente en todos los Estados y las sociedades organizadas a nivel mundial. El suministro de la información al respecto ha sido la herramienta más eficaz para mitigar la alarma de la población al posibilitar el conocimiento de los datos reales y minimizar el efecto indeseable de las informaciones ficticias”.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden mostrar su adhesión a la Declaración 2020 enviando un correo desde su email corporativo a: info@ congresotransparencia.com
Nota: este contenido ha sido redactado con base en la Declaración de los Consejos y Comisionados, pero no es una nota oficial de la Red.