Por Beatriz Martínez Isidoro – UCM
El V Congreso Internacional de Transparencia ha vuelto a reunir a los consejos y comisionados españoles de transparencia para realizar la Declaración 2020, en la cual han exigido públicamente las medidas más urgentes que deberían atender las políticas públicas en materia de transparencia y garantías del derecho de acceso a la información pública.
En esta ocasión, la Red de órganos garantes ha reiterado el contenido de las Declaraciones de Cádiz y Málaga, ya que consideran que no han sido tenidas en cuenta y, además, han exigido el fortalecimiento, normativo y material, de los propios órganos, así como sus propuestas de modificación de la Ley de Transparencia.
Las modificaciones más destacadas que se reclaman en la nueva declaración son la regulación de las infracciones por incumplimiento de las resoluciones de los consejos y comisionados, así como el correspondiente régimen sancionador, basado en la figura legal de las multas coercitivas. Por otra parte, también se ha señalado la necesidad de crear un registro estatal de intereses y lobby, y la introducción de un trámite de mediación de los órganos garantes entre las Administraciones y los demandantes de información en caso de conflicto.
El discurso de clausura contó con las intervenciones de Juan Carlos García Melián, presidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia –ACREDITRA, Viginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de la Información –PDLI- y Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI – México, que tuvieron unas últimas declaraciones sobre el futuro de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública desde sus sectores.
Estos expertos destacaron que una de las carencias de la cultura de la transparencia en España es que los periodistas no conocen bien los mecanismos del derecho de acceso a la información pública, y no existen unidades especializadas en transparencia dentro de los medios. En este sentido, Pérez Alonso afirmó que “dos tercios de los periodistas no consideran la Ley como una herramienta para conseguir información”, debido principalmente al retraso en obtener la información de las instituciones públicas y la necesidad de recurrir para tener acceso.
Por su parte, Acuña Llamas expuso el papel de la transparencia en México en la experiencia “crítica y dramática” de la pandemia, donde la principal labor del INAI ha recaído sobre las cifras de fallecidos y contagiados debido a que “no han sido recabadas fielmente”. Este hecho ha generado enormes dudas y desconfianza en las autoridades mexicanas, como no había sucedido con otras catástrofes en el país, debido al acicate de la instantaneidad que exigen las circunstancias de la pandemia, lo que requiere de “la transparencia en línea” para comprender la realidad.
Finalmente, el director del CIT, Manuel Sánchez de Diego, resumió las principales conclusiones de la V edición, de las cuales cabe señalar la formación en transparencia como “asignatura pendiente” tanto de los ciudadanos como de los sujetos obligados, para que la cultura y ética de la transparencia se adhiera “al ADN de los españoles”.
Sánchez de Diego también valoró el enorme trabajo realizado durante las más de 50 horas del congreso en modalidad virtual, que gracias a la plataforma de la Universidad de Distancia (UNED), pudo adaptarse a las circunstancias especiales de la pandemia por la covid-19 y acoger a los más 650 participantes internacionales, con la esperanza de celebrar el VI CIT en Las Palmas de Gran Canarias, como se esperaba para esta edición de 2020.
El Congreso ha reunido durante estos cuatro días a los principales expertos españoles e Iberoamericanos en materia de transparencia y buen gobierno, contando con 600 participantes y 250 ponencias. El Congreso ha estado organizado por el Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED, el Grupo de Investigación Regulación Jurídica del Ciudadano Digital de la Universidad Complutense de Madrid, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Asociación de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA).